El gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya. (Foto: Gobierno del Estado de Sinaloa) EU liga investigación contra Rocha Moya con L...
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| El gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya. (Foto: Gobierno del Estado de Sinaloa) |
EU liga investigación contra Rocha Moya con Los Chapitos; acusan nexos con el narco y apoyo electoral del Cártel de Sinaloa.
La investigación que el Gobierno de Estados Unidos mantiene contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se deriva directamente del caso judicial contra Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
De acuerdo con documentos de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, las autoridades estadounidenses sostienen que el mandatario y otros funcionarios sinaloenses habrían recibido apoyo del narcotráfico durante procesos electorales, a cambio de protección institucional y control político en el estado.
Acusaciones: protección política a cambio de apoyo criminal
La investigación señala presuntas reuniones entre políticos y líderes del crimen organizado, donde se habrían acordado beneficios mutuos, incluyendo la colocación de perfiles cercanos al grupo criminal en áreas estratégicas del gobierno estatal y de seguridad.
El caso se apoya en testimonios de colaboradores, análisis financieros y declaraciones derivadas de procesos judiciales en Estados Unidos, incluyendo acuerdos de culpabilidad de integrantes del propio cártel.
Un caso sin precedentes
Se trata de un expediente inédito, ya que por primera vez autoridades estadounidenses apuntan directamente contra un gobernador en funciones por presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que ha provocado una crisis política en Sinaloa y tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos.
Además de Rocha Moya, la acusación alcanza a otros funcionarios y exfuncionarios, lo que refuerza la hipótesis de una presunta infiltración del crimen organizado en estructuras de gobierno estatal.
México pide pruebas; EU mantiene presión
El Gobierno mexicano ha solicitado pruebas formales a Estados Unidos antes de proceder legalmente, mientras que sectores políticos han advertido sobre posibles implicaciones en la relación bilateral.
El caso continúa en desarrollo y podría escalar en los próximos meses, tanto en el terreno judicial como en el político, en medio de un contexto marcado por la presión internacional para combatir al narcotráfico.

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